Proyecto de ley

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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común

Habrá un único procedimiento común y un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad. Se habilitará la presentación de escritos en cualquier momento y en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan. Se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de auditoría de cuentas

26 de diciembre de 2014 Noticias Auditoría de cuentas

La nueva norma prevé un periodo de rotación de los auditores de diez años; se limitan honorarios para otros servicios en las Entidades de Interés Público y se recogen hasta once servicios incompatibles para el auditor en relación a la auditada. Se establece un mayor contenido del informe de auditoría y se amplían las competencias del ICAC respecto de materias como la valoración de la existencia de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones de los auditores o la remisión de información y cooperación con las autoridades europeas de supervisión.

El Congreso aprueba la modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo

19 de diciembre de 2014 Noticias Mutuas laborales

El Pleno del Congreso ha aporbado definitivamente  el proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social --generalmente conocido como Ley de Mutuas-

El ministro de Justicia anuncia que antes de fin de año se aprobarán la reforma de la LECrim y de la LOPJ

02 de diciembre de 2014 Noticias

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que antes de fin de año se aprobarán las principales reformas de la legislatura: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regulará los medios de investigación en el proceso penal. La nueva oficina judicial se extenderá a toda España. La Ley Orgánica del Poder Judicial mantendrá los partidos judiciales.

El anteproyecto de Ley de Colegios profesionales prevé la liberalización de los aranceles de los procuradores

24 de noviembre de 2014 Noticias Procuradores

La última versión conocida del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales prevé que el arancel de los procuradores tenga carácter de máximo y que no podrá exceder de 75.000 euros. Dichos profesionales estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en el que conste expresamente, en su caso, la disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. El texto prevé también mantener la incompatibilidad entre abogados y procuradores.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Razones para una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. Análisis de la Exposición de Motivos de la propuesta de Anteproyecto y el Anteproyecto de 2013

El Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que el Gobierno dio a conocer el 31 de octubre de 2013 tiene admiradores y detractores, casi a partes iguales, en la doctrina. Mientras que para algunos autores cercanos al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, es un Anteproyecto muy discutible, pues no desarrolla convenientemente las posibilidades que permitía la LOPJ, para otro sector doctrinal, es perfecto.

La futura reforma del Código Penal y los delitos racistas o xenófobos

Los delitos de racismo y xenofobia son objeto de especial modificación y regulación en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, concretamente los preceptos 510 y 607. De esta manera, se dota de una nueva regulación a la materia en base principalmente a dos fuentes del derecho: la negativa, representada por la STC 235/2007, de 7 de noviembre y la positiva, consecuencia de la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre.

La reforma permanente

Los profundos cambios operados en nuestro sistema de relaciones laborales por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de Febrero, aconsejaban que, al margen de la necesaria convalidación por las Cortes, se tramitara como Proyecto de Ley, a fin de que la mayor reflexión y sosiego pudieran rebajar algunas de las aristas de las que adolecía el Real Decreto Ley, o modular algunos de sus efectos no deseados. La tramitación parlamentaria no ha supuesto una "Contrarreforma", ni va ha afectado sus elementos esenciales como el reforzamientos de las facultades empresariales, la flexibilización de la negociación colectiva a nivel de empresa o el abusivo periodo de prueba del contrato para emprendedores, o el menor nivel de control judicial de los despidos colectivos y objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.

A propósito de la publicación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la jurisdicción social

El Informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social planteaba mejorar la protección judicial de los derechos de los trabajadores, agilizar y reducir los costes de los procedimientos judiciales, ampliar la base social de la economía, aumentar la seguridad jurídica en el mercado laboral y una nueva norma y no una simple reforma basándose en que el orden social ofrece garantías suficientes para asumir la redistribución competencial en base a una jurisdicción ágil y eficaz, una jurisdicción bien dotada y con medios suficientes y una jurisdicción reforzada y con capacidad de respuesta.

La apariencia de buen derecho en el Contencioso-Administrativo. Casuística más reciente sobre su apreciación

Se trata de un presupuesto conformado por la jurisprudencia, pues la norma legal, es decir, el artículo 139 de la Ley de la jurisdicción, no lo contempla expresamente. Aunque el proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa recogía explícitamente el criterio de la apariencia de buen derecho, el mismo fue suprimido en trámite parlamentario sin que alcanzara por tanto el rango de norma allí positivizada. Sin embargo, posteriormente se plasmará en la LEC 1/2000 (artículo 728) como uno de los requisitos de la protección cautelar el campo del orden jurisdiccional civil.